Debido a que México ocupa el primer lugar mundial en acoso escolar, con 18 millones 781 mil 875 casos en alumnos de primaria y secundaria, la diputada Hersilia Onfalia Adamina Córdova Morán (PRI) presentó iniciativa para declarar el 2 de mayo como “Día Nacional de la Lucha contra el Bullying”.

Según un comunicado de prensa, estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto Politécnico Nacional, revelan que entre 60 y 70 por ciento de los 26 millones de alumnos de educación básica han sufrido acoso escolar, que se “traduce en un menor rendimiento académico a corto y a largo plazo, situación que puede acentuarse a lo largo del tiempo y provocar depresión”.

Córdova Morán mencionó que el suicidio entre menores de cinco a 13 años de edad se ha incrementado, y al respecto, la Dirección General de Prevención del Delito de la Procuraduría General de la República señala que uno de cada seis jóvenes víctimas de acoso escolar, se quita la vida.

El problema es grave en nueve estados del país: Puebla, Estado de México, Jalisco, Ciudad de México, Veracruz, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León y Tabasco, los cuales concentran 59 por ciento de los suicidios, según la Secretaría de Salud.

Mencionó que para erradicar un problema de tal magnitud no basta instaurar un día, sino emprender un trabajo arduo y transformar las grandes diferencias sociales y económicas.

“Esta efeméride permitirá el reconocimiento del problema y que los actores políticos y sociales colaboremos en el diseño de políticas públicas y estrategias para proteger a la niñez”, afirmó.

El documento, enviado para dictamen a la Comisión de Gobernación, precisa que en el bullying intervienen tres agentes: agresores, víctimas y testigos, y este fenómeno se ha convertido en un problema de salud pública en México y el mundo.

En el ámbito escolar, son los alumnos, docentes u otros miembros de la comunidad quienes presencian las agresiones y juegan un papel fundamental, pues suelen estimular las agresiones, al reírse, aplaudir, felicitar a los agresores o, por el contrario, apoyan a las víctimas denunciando el acoso. Refiere que cada niña y niño tiene derecho a la protección, para desarrollarse adecuadamente, ya sea bienestar físico, mental o social. La protección a la infancia debe ser provista ante todo por los padres y la comunidad que la acoge, y posteriormente por el Estado.