CIUDAD DE MÉXICO, Estudiantes se organizan para contrarrestarlo. Algunos grupos sociales preparan a sus menores a defenderse. Diversas autoridades escolares crearon redes de apoyo. La OCDE advierte que México es el primer lugar en violencia escolar y los especialistas alertan de su peligroso crecimiento, pero el Congreso de la Unión no acierta a crear una ley que ayude a todos a atacar el peligroso acoso escolar conocido como bullying.Las propuestas
En las comisiones del Congreso están atoradas cinco iniciativas y una minuta.
En el Senado hay una minuta que incorpora la cultura de la paz a los criterios que orientan a la educación; asimismo, propone que entre las atribuciones de las autoridades educativas federal y locales se incluya la promoción de mecanismos de prevención, detección y atención de casos de violencia y abuso escolar en cualquiera de sus manifestaciones.
Una iniciativa de la priista Norma Esparza que propone equiparar a los delitos de violencia familiar a quienes, por medio de violencia sicológica, causen daño a la integridad física o sicológica de otros a través de condicionamiento, coacción, intimidación, insultos o amenazas, incluso para quienes tengan la custodia, guarda, educación, protección, instrucción o cuidado, así como garantizar atención médica y sicológica a las víctimas.
Otra iniciativa, de los perredistas Graco Ramírez y Francisco Xavier Castellón, propone la adición de las fracciones XV a XIX del artículo 12, de la Ley General de Educación, a fin de dar la atención legal debida al fenómeno del bullying suscitado en estudiantes de primaria y secundaria.
Además, plantea como una atribución de la autoridad educativa federal establecer, en coordinación con los estados, programas para educadores en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes y educación para la paz y cultura de no violencia.
También, se propone que esta autoridad expida un reglamento que contenga las conductas contrarias a la buena convivencia escolar; los procedimientos y medidas disciplinarias acordes con los derechos y al interés superior de la infancia, así como los medios para ser impugnados y las formas en que se garantizará que la opinión de los educandos sea tomada en cuenta.
Y otra más del perredista Silvano Aureoles y las priistas Norma Esparza y Guadalupe Fonz, que crea la figura de inspectores profesionales en la materia para que realicen la visita a los diferentes planteles educativos y recaben la información que el artículo 30 de la ley dispone, para con la información que se obtenga de la violencia en cada escuela, pueda ser procesada de manera expedita y mejorar los métodos para combatir la violencia escolar de manera continua.
A instancias del Partido Nueva Alianza, hay una iniciativa ya dictaminada desde la Legislatura pasada, que se centra en las labores de prevención.
En la actual Legislatura, la diputada del PRI, Rocío Corona Nakamura, con el respaldo de su coordinador Manlio Fabio Beltrones, propone el involucramiento de los padres en actividades para controlar el problema.
Expertos sugieren más que cambios legislativos
Recomiendan educación para la paz, garantizar los derechos de niños y una visión integral de la violencia, entre otros.
Convocados por Excélsior, cinco especialistas advierten que para prevenir y controlar el bullyng, más que reformas, se necesita una educación para la paz, garantizar los derechos de los niños, fortalecer las capacidades del magisterio y una visión integral de la violencia.
Rechazan la idea de que el bullyng se arregla si la víctima decide ponerle un hasta aquí a quien lo acosa. Pero no todos están de acuerdo con el establecimiento de sanciones legales, como lo propone el senador Mario Delgado.
Trixia Valle Herrera, directora de Fundación en Movimiento, se manifiesta a favor. La autora del libro Ya no quiero ir a la escuela argumenta: “A grandes problemas, grandes soluciones, y hoy algunos padres de familia no quieren tomar la responsabilidad cuando sus hijos resultan ser agresores; el bulleado es quien debe dejar la escuela y el agresor es el rey del patio escolar”.
Nashieli Ramírez Hernández, de la organización Ririkí Intervención Social, AC duda de la viabilidad de ese enfoque y señala que la ley diseñada por el ex secretario de Educación en el DF aún “no ha podido ser operada” en la capital del país.
“Camina en sentido contario a la lógica educativa, planteando la solución desde la lógica punitiva”, señala la consejera de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).
Ramírez Hernández cuestiona cualquier pretensión de convertir a los maestros en administradores de la justicia.
Mónica Gonzalez Contró, del Instituto de Investigaciones Jurídicas, sostiene que la creación o reforma de leyes no transforma la realidad si no contienen mecanismos para su realización. “Generan una especie de alivio social, pero a la larga no dan resultado. Si hay impunidad, poco importa que se contemplen sanciones”.
Carolina Vargas Romero, de la CDHDF y de la Red por los Derechos de la Infancia, alerta que “es necesario eliminar los conceptos que implican una criminalización de la violencia entre las niñas, niños y adolescentes”.
Bonifacio Barba, de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, sostiene que “antes de pensar en más leyes es imperativo hacer cumplir las existentes”.
¿Necesita SNTE cambiar la ley?
Coinciden en la relevancia de las propuestas de Nueva Alianza y del PRI para crear mecanismos de coordinación escolar que prevengan la violencia en las escuelas e involucren a los padres y maestros en el diseño de soluciones.
Barba disiente: “Es una expresión de oportunismo político; el Partido Nueva Alianza, por sus vínculos con el SNTE y, por éste, con la realidad de la educación cotidiana en el país, no necesita recurrir al expediente de reformar la Ley General de Educación para apoyar la mejora escolar”.
El investigador aclara: “Existen bases jurídicas suficientes y buenas, lo que falta es vivir conforme a las leyes y que las autoridades se hagan responsables del derecho a la educación y de salvaguardar los derechos humanos de los trabajadores de la educación y no dejarlos a merced del sindicato”.
Para Nashieli Ramírez sí es pertinente plantear modificaciones a esa ley “desde la lógica de la educación para la paz y considerar el fenómeno de manera integral”, sin criminalizar a niñas, niños y adolescentes ni pensar a la escuela como una isla. Plantea que los docentes “recuperen su papel de mediadores y de educadores de ciudadanos”.
Trixia Valle considera que la capacitación resulta imprescindible y funciona. “Obligar a los alumnos a seguir las reglas y dar autoridad a los maestros, además de conocimientos, es la única manera de controlar y erradicar la violencia”, destaca.
Reseña que su fundación “ha capacitado a más de siete mil maestros en siete entidades. Hemos intervenido en 200 escuelas del Estado de México con capacitación a maestros, alumnos y padres, y la violencia ha disminuido en 75%”.
Padres permisivos
Opinaron sobre los lineamientos de la iniciativa de los diputados del PRI: actualizar la Ley General de Educación para prevenir el problema con estrategias diseñadas en los Consejos Escolares de Participación.
La propuesta plantea imponer a los padres “la obligación de promover desde el hogar” la cultura del respeto y tolerancia, así como la participación en las actividades programadas “para prevenir y controlar esta calamidad social”.
Consulora internacional sobre los derechos de la infancia y su situación en México, Nashieli Ramírez Hernández sostiene que “el mundo adulto tiene la obligación de dar protección y de asegurar una educación con esos principios. Por lo tanto es ocioso plantearlo así. Parece más una consideración para repartir culpas”.
La directora de Ririkí señala que el componente de seguridad y violencia ya está incorporado en dichos consejos. Considera que el enfoque de la participación social es correcto, si bien ahora los alumnos están fuera de esas estructuras.
Bonifacio Barba afirma que “la escuela no puede arreglar el desarreglo social y político. La mejor acción que cualquier partido puede hacer para mejorar la convivencia en la escuela es ser él mismo un partido democrático, respetuoso de los derechos humanos de los ciudadanos”.
Monica González Contró alerta: “Debemos tener mucho cuidado en convertir a los maestros y autoridades escolares en policías y jueces, pues la imposición de reglamentos o leyes que sancionen las conductas trastocaría la relación que debe existir entre maestros y alumnos, desvirtuando la función educadora”.
Pero desde su experiencia en colegios con el problema, Trixia Valle afirma que pedir a los padres que tengan obligación de educar de forma correcta a los niños, es urgente para erradicar el bullying. Señala que no basta con sugerir y que debe haber consecuencias para quienes no cumplen.
