Las sanciones, aún así, parecen insuficientes ante la realidad que vive el mundo entero. El verdadero problema en torno a las consecuencias para los agresores es hacerles notar que su conducta debe ser atendida de forma cabal por profesionales, que la violencia no es una conducta aceptada, que no demuestra superioridad y que no debe generar popularidad en los planteles escolares. Ese mensaje debe ser asimilado de igual forma por padres de familia para hacer congruente la reintegración tanto dentro como fuera de la escuela.
Posteriormente y una vez superada la atención los jóvenes deberían ser candidatos a reingresar a un plantel educativo, cumpliendo con el derecho constitucional al que todos y todas tenemos derecho, pero sin pasar por alto cuando alguien lastima de forma tan burtal, el derecho de los demás.
Las acciones que se toman para atender estos casos son determinantes a la hora de corregirlos. Los padres de familia que sobre protegen a sus hijos, aun y cuando éstos han cometido faltas, sólo alientan a que no haya consecuencias. Cuando la realidad ha sido clara y nos deja a todos lastimados por su frialdad, la falta de consecuencias terminará por volver a estos casos, sucesos tristemente comunes entre nuestros estudiantes.
